Por un debate en la Universidad de Alicante sobre la reforma educativa
Valoración sobre la concepción impuesta sobre el EEES:
“Nos comprometemos a coordinar nuestras políticas para alcanzar en un breve plazo de tiempo (…) los objetivos siguientes (…): La adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable (…) para promover la empleabilidad de los ciudadanos europeos y la competitividad del sistema de educación superior europeo”.
“Declaración de Bolonia” (Declaración conjunta de los ministros de educación europeos de 19 de junio de 1999)
“La Unión Europea, que ha respaldado el proceso de reconversión de sectores como la siderurgia o la agricultura, se enfrenta ahora al reto de modernizar su ‘industria del conocimiento’, en particular sus universidades”, Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas (“Movilizar el capital intelectual de Europa…”), 20/04/2005
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”
Art. 27.2 de la Constitución Española
Art. 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
"La Universidad de Alicante postula la democracia interna como principio rector de su actuación, en los términos de la Ley Orgánica de Universidades y del presente Estatuto, manifestada en el derecho de todos los colectivos a participar en la gestión de la Universidad y en el control de la misma. A tal fin, se fomentará la participación activa de toda la comunidad universitaria, la transparencia de sus actuaciones, el compromiso social, el principio de solidaridad, el respeto a la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres."
Estatuto UA (título preliminar, Art 1.3)
Los primero firmantes, personal de servicios, docente e investigador de la Universidad de Alicante consideramos que:
Estamos acercándonos a la fase final de la implantación de un modelo determinado de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sin que en nuestra universidad se haya producido un debate real acerca de dicho modelo ni se hayan aclarado aspectos esenciales acerca de su desarrollo práctico y sus consecuencias.
En los últimos años, las autoridades políticas y universitarias han estado publicitando especialmente los aspectos en principio menos controvertidos, por necesarios, de tal reforma político-educativa: sistema de créditos europeos (ECTS) para facilitar la convalidación y homologación intereuropea de materias y títulos, promoción de la movilidad dentro del EEES, estudios superiores basados en dos ciclos, renovación metodológica, etc. Sin embargo, antes de abordar estos aspectos tan importantes, es necesario cuestionar un elemento esencial de la filosofía de la declaración de Bolonia que no ha sido sometido a ningún debate universitario ni social: se trata del énfasis puesto en la Declaración, y posteriormente en la legislación europea y estatal española referida al EEES, en que el criterio que ha de guiar la reforma, por encima de cualquier otro, es “la promoción de la empleabilidad de los ciudadanos y de la competitividad del EEES”.
Sin negar de ninguna manera la importancia de que la enseñanza universitaria incremente la capacidad de los alumnos para desempeñar trabajos remunerados, dicho objetivo no puede ser el único ni el hegemónico de la educación si atendemos, por ejemplo, a la Carta de Derechos Humanos de la ONU y la Constitución Española, que señalan que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”.
Cualquier dirigente político, y cualquier dirigente educativo defensor del modelo propuesto para la reforma, negará que los criterios de eficiencia y rentabilidad económicas sean los únicos que la animen, pero lo cierto es que dichos criterios están siendo determinantes (más aún de lo que lo eran hasta ahora) al pergeñar tanto el contorno de los nuevos títulos de grado como de la estructura y distribución de los estudios y estudiantes (número mínimo de alumnos por titulación, número máximo de alumnos por clase, “financiación de asignaturas”, etc). Frente a esto, afirmamos que la sociedad, los dirigentes políticos y los dirigentes universitarios deben defender la conveniencia de mantener estudios y materias, pese a su no rentabilidad inmediata o su coste en puros términos pecuniarios, por razones científicas, humanísticas y sociales.
La situación es aún más preocupante en este sentido si observamos los rasgos de la reforma en su conjunto. A continuación citamos algunas de las posibles consecuencias que puede acarrear el nuevo modelo:
Consecuencias posibles del “economicismo” del modelo propuesto
-
Encarecimiento y elitización socioeconómica de los estudios superiores. Reducción de contenidos en el título de grado lo cual acarrea a los alumnos gastos suplementarios para complementar la formación. En este sentido, manifestamos nuestro rechazo absoluto a las llamadas “becas-préstamo”, y reclamamos la generalización de las “becas-becas”.
-
Planes de estudio orientados por las necesidades del mercado y sus reglas, es decir, de aquello que se imponga desde empresas con intereses en cada sector, desatendiendo lo que no interese a empresas o financiadores. Este riesgo se deriva de la insistente cantinela en la necesidad de la “financiación externa” para mantener o impartir ciertos estudios.
-
Transformación de los profesores en “buscadores de recursos económicos externos”, en la medida en que su capacidad para ello se considera un mérito remunerable en términos académicos y económicos.
-
El aspecto seguramente más grave: la destrucción de la idea, construida a lo largo de siglos, de que el conocimiento en sí es un bien y un objetivo necesario para la persona y la sociedad, y de que para desarrollarse necesita de la independencia y el desinterés por los beneficios materiales que pueda obtener quien lo persigue. La universidad necesita seguir teniendo la autonomía en todos los sentidos que garantice que profesores y alumnos puedan seguir estudiando y enseñando con libertad lo que les parezca oportuno.
-
El discurso legitimador del “proceso de Bolonia” insiste en que la universidad “ha de abrirse a la sociedad” y escuchar sus demandas. Estamos totalmente de acuerdo: ahora es necesario definir quiénes son los representantes de toda la sociedad, y examinar si el proceso de Bolonia no entiende que los representantes por excelencia de la sociedad son los grandes actores económicos y financieros.
Necesidad de un debate real sobre la renovación didáctica y de los estudios
En cuanto a la reforma didáctica y pedagógica, lo primero que hay que señalar es que sobre ella tampoco se ha producido ningún tipo de debate, sino que se han difundido una serie de ideas que pretenden imponerse uniformemente desde arriba sin que haya sido posible discutir y distinguir entre cuáles son positivas y para qué o para qué estudios y objetivos, y cuáles son negativas. Asimismo hay que destacar que muchas de las ideas que parecen positivas no están siendo en absoluto debatidas y desarrolladas en lo que se refiere a su procedimiento de aplicación.
Como avance para la discusión en este terreno, queremos señalar lo siguiente:
-
La situación de las destrezas, las competencias y las habilidades en el centro de todo el sistema educativo universitario ha de ser discutida, matizada y ajustada.
-
Se está confundiendo la necesaria promoción y dinamización “desde arriba” de la innovación educativa con el fomento del automatismo y la burocratización. Ciertos reclamos e incentivos académicos y económicos llevan a la irreflexión acerca de los fines y los medios. Un ejemplo claro de esto son las políticas indiscriminadas de fomento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cuya utilidad es evidente siempre que se apliquen de forma correcta.
-
La planificación y el desarrollo de la implantación del EEES en nuestra universidad padece de falta de realismo y convencimiento, tanto en la teoría como en la ejecución, y ello tanto en los órganos de gobiernos como entre el PDI.
-
La viabilidad económica de la profunda reforma que se propone se reduce exclusivamente a la inclusión de los agentes mercantiles y financieros. Es una paradoja: en un contexto de crisis provocado por estos agentes, a los que se invitará a participar en la configuración de una Universidad a la boloñesa, el proyecto no presenta garantías presupuestarias para los aspectos más beneficiosos del cambio: nuevas tecnologías y reducción del número de estudiantes por grupo.
-
En lo que respecta a la determinación y el diseño de los nuevos grados, en general el
-
debate (más bien la disputa) entre el PDI no se centra en las necesidades de los alumnos y de la sociedad sino principalmente en “qué parte del pastel” va a quedar a cada centro, departamento o grupo de profesores.
La formación y situación profesional de los profesores
A pesar de todo ello, creemos que la implantación del EEES en nuestra universidad ha traído y está trayendo algunos elementos positivos, como la reactivación del trabajo en redes docentes de asignaturas, de titulación, de implantación de créditos ECTS, etc; los programas de Acción Tutorial; el incremento y la diversificación de los cursos de formación para el profesorado; etc.
No obstante lo dicho en el punto anterior, y sea cual sea el resultado final del diseño de la reforma, es necesario:
-
Desarrollar de qué manera se definirán, articularán y computarán las nuevas modalidades de “trabajo académico” (ECTS) de estudiantes y profesores.
-
Estudiar las consecuencias que la reforma en su conjunto tendrá sobre la estructura y la dedicación de la plantilla de PDI. En este sentido, existe una carencia absoluta de planificación y/o información por parte de los órganos de gobierno.
-
Establecer qué previsiones hay y qué garantía se pueden y deben acordar respecto a la conservación del puesto de trabajo tras la posible desaparición de asignaturas y titulaciones por parte de determinadas figuras de PDI.
Por todas estas razones,
SOLICITAMOS
Que, inmediatamente, se abra un debate generalizado en la comunidad universitaria sobre todas estas cuestiones donde se puedan plantear objetivamente los beneficios y perjuicios de la aplicación del EEES y se tomen decisiones consensuadas a todos los niveles.
Así, APOYAMOS
La exigencia de l’Assemblea d’Estudiants de la Universidad de Alicante de que, inmediatamente, se celebre un debate abierto con el Rector, y que se suspendan las clases durante dos horas para que todos los miembros de la comunidad universitaria puedan asistir a él.
Firmantes:
Fernando Ballenilla – PDI Universitat d’Alacant
David Ballester – PDI Universitat d’Alacant
Víctor Domínguez – PDI Universitat d’Alacant
Gerhard Brückner – PDI Universitat d’Alacant
Clemente Penalva – PDI Universitat d’Alacant
Javier Barreda – PDI Universitat d’Alacant
Miguel Romá – PDI Universitat d’Alacant
Pablo Sánchez – PDI Universitat d’Alacant
Cristina García – PDI Universitat d’Alacant
Cristina Amerigo – PDI Universitat d’Alacant
Juan Mario Domínguez – PDI Universitat d’Alacant
























